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Hacienda (48)

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Se considera empresario a quienes ejerzan como consecuencia de la puesta al servicio de la actividad de una organización empresarial.

Son varias las circunstancias por las que un autónomo o pequeño empresario está obligado a darse de alta en el Censo de Empresarios. Sin embargo, antes hay que tener en cuenta qué se debe entender por actividad profesional o empresarial. En este sentido, presentan esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios.

La Justicia da la razón a los contribuyentes que reclamaron la responsabilidad patrimonial del Estado.

Continuando con nuestro serial dedicado a los cambios fiscales a partir de 2016, en esta ocasión hablaremos de los cambios en el sistema de estimación objetiva, también conocido como módulos, que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2016.

Los Técnicos del Ministerio recuerdan que las arcas públicas recaudarían hasta 188 millones de euros si se vendiesen todos los premios del sorteo extraordinario de Navidad.

Estos comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y un estado de flujos de efectivo y memoria.

El plazo de agota. El próximo 1 de febrero de 2016 termina el plazo que las empresas tienen para adaptarse a SEPA (Single Euro Payments Area) y en el caso de las españolas, todavía hay mucho trabajo por hacer. Como indica TBS, el 80% de las empresas españolas no cumple con uno de los aspectos más destacados de la reforma: el mandato.

 No obstante, desde ATA demandan además que el periodo de amortización de los plazos de pago ascienda a 30 meses.

En dicha factura figurarán tanto los datos identificativos de la factura rectificada como el tipo de corrección que se realiza y los importes rectificados.

Quedan excluídas de presentación las operaciones por un importe facturado inferior a 400.000 euros.

Una de las medidas que ha impulsado la reforma de la nueva Ley General Tributaria es la ampliación de las potestades de comprobación e investigación, regulando el derecho a comprobar las obligaciones tributarias en el caso de ejercicios prescritos, siempre que sea preciso en relación con obligaciones de ejercicios no prescritos. Esto implica que deshacerse de facturas y justificantes de gasto de ejercicios prescritos es un poco más complicado para las empresas.